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Fuente: El Mundo
Fecha: 25 de junio de 2024
La Ley Orgánica de Regulación de la Eutanasia (LORE) cumple tres años y sopla sus velas en medio de un debate crucial sobre cómo encaja la enfermedad mental en el contexto eutanásico. Los datos provisionales sobre la ejecución en 2023, a falta del informe definitivo, suman 323 prestaciones eutanasia realizadas y 727 solicitudes. Según el Informe de Evaluación Anual 2022, ese año se realizaron 576 solicitudes y 173 en 2021, y se ejecutaron 288 prestaciones en todo el territorio, el 50% de las solicitadas y 75, respectivamente.
¿Estaba fuera la enfermedad mental de la LORE? No hay una exclusión de estas patologías, pero el dilema o la duda la sembró el Tribunal Constitucional en las dos sentencias con las que respondió a los recursos contra la ley que presentaron el Partido Popular y Vox. El Constitucional avaló la LORE, pero haciendo una interpretación de la norma que dejaba fuera de las solicitudes de eutanasia las enfermedades mentales.
El abogado y vicepresidente de la Comisión de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña, Francesc José María Sánchez, ha escrito y argumentado mucho en relación con esta cuestión. Y no solo él, la decisión del Constitucional indignó y sorprendió a partes iguales a otros miembros de estas comisiones de garantía autonómicas que son los que deciden sobre las solicitudes y conocen, mejor que nadie, las fortalezas y debilidades de una norma que es joven, con tres añitos de rodaje, y necesita de ajustes.
Por otro lado, el TC en las citadas sentencias, donde avaló la LORE, dio carácter normativo al Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia, un documento elaborado por el Ministerio de Sanidad junto con las comunidades autónomas y que recoge con detalle los aspectos prácticos para la aplicación de la LORE.
Pues, bien, estas semanas, según ha tenido conocimiento este diario, el Ministerio de Sanidad está revisando el Manual para incluir, de manera clara que la enfermedad mental pueda motivar la solicitud de la eutanasia, porque puede dar lugar a los dos supuestos que establece la LORE como requisitos para pedir la prestación: “Padecimiento grave, crónico e imposibilitante” y “enfermedad grave e incurable”.
Este paso adelante que ha dado el Ministerio de Sanidad viene precedido por declaraciones de las comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Cataluña y de Andalucía, apuntando en la misma dirección: la enfermedad mental no está excluida del contexto eutanásico.
Llegados a este punto, tanto el Ministerio de Sanidad como las autonomías que se han manifestado sobre esta cuestión, dan un papel preponderante al psiquiatra en las solicitudes de eutanasia motivadas por una enfermedad mental como patología principal. Consideran necesario que, en estos casos, el médico responsable o el de médico consultor sea un psiquiatra.
Pero ¿qué piensan los psiquiatras de esta polémica? Manuel Martín, presidente de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), comienza por destacar que no puede estar “más de acuerdo” con que el psiquiatra intervenga en las solicitudes de eutanasia por enfermedad mental, “lógico”.
Además, va más allá, y recuerda que, cuando la LORE estaba en trámite, la Sociedad que preside pidió que dentro de la composición de los comités de garantía y evaluación de la eutanasia hubiera siempre un psiquiatra, “para poder tener una valoración de la situación anímica del enfermo ante su petición de morir en enfermedades oncológicas o de cualquier otro tipo” y ahora reitera esta demanda.
¿Hay psiquiatras en las comisiones de la eutanasia? Martín afirma que “cada comunidad ha resuelto a su voluntad”. Desgrana que “en las comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de Madrid, País Vasco, Cataluña o Aragón sí hay un psiquiatra; mientras que, en Navarra, por ejemplo, no hay“.
Sobre si la enfermedad mental puede motivar la solicitud de eutanasia el presidente de la SEPSM pone sobre la mesa que estamos ante una “cuestión compleja”, llena de matices y grises. La aplicación de la eutanasia en enfermedad mental tiene varias complejidades. Por un lado, “está la dificultad de establecer el carácter terminal de una enfermedad que no derivará en la muerte del paciente“. Martín recuerda que la LORE exige que el enfermo agote las alternativas terapéuticas que existen antes de realizar la petición.
Al tiempo que recuerda que “hay enfermos que no tienen acceso a los tratamientos que necesitan, teniendo en cuenta que, como muestra la evidencia científica, estos tratamientos deben ser integrales y abordar aspectos como el entorno social del paciente o la psicoterapia. Habría que garantizar que el enfermo ha tenido acceso a estos tratamientos integrales antes de tramitar cualquier solicitud de eutanasia, porque así lo exige la LORE”.
Junto a esto, Martín señala la evidente dificultad de establecer la capacidad de obrar del paciente, “la autonomía de su decisión“. Es decir, conocer con certeza si en la petición de morir de estos enfermos está hablando la enfermedad. Porque, “la realidad es que no hay articulada una valoración de la capacidad de obrar del enfermo, ni existen profesionales formados para llevar a cabo esa valoración en el ámbito de las enfermedades mentales”.
Cabe destacar que en entre las enfermedades de base de las personas solicitantes de la eutanasia que figuran en el informe, 576 en total, 205 (35,5%) se debieron a enfermedades neurológicas, seguidas por las oncológicas, con 192, que son un 33,33%. Como “otras enfermedades no especificadas“, que estarían fuera de la calificación establecida y podría ser susceptibles que recoger casos de enfermedad mental, aparecen 68 solicitudes y, además, hay 48 solicitudes sobre las que “no constan datos”.
En estos años con la ley en vigor, ha habido solicitudes de eutanasia motivadas por enfermedad mental, como confiesan miembros de las comisiones de Garantía y Evaluación de la Eutanasia de varias comunidades autónomas, sin querer aparecer ni dar más detalles. Incluso ha habido eutanasias practicadas en esos casos.
Ahora, atendiendo al citado informe del Ministerio de Sanidad, no ha habido psiquiatras que hayan participado en la valoración de las solicitudes de eutanasia, ni como médicos responsables ni como médicos consultores. Víctor Expósito Duque, médico de Familia en Canarias y miembro del grupo nacional de salud mental de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SemFYC), destaca que, si la situación “ha generado y genera muchas dudas en la población y entre los profesionales”, por lo tanto, “considero que, efectivamente, es necesario modificar el Manual de Buenas Prácticas de la Eutanasia para unificar y aclarar los procesos en estos casos”.
En todo caso, Expósito Duque admite que siempre ha sido “de la opinión de que la enfermedad mental no estaba excluida de la LORE”. También entiende el papel del psiquiatra en estos procesos, pero advierte que el médico de Familia es el profesional que “tiene el privilegio” de conocer mejor el entorno del paciente y, por tanto, “entender de una manera global, la situación del enfermo que motiva la petición de la eutanasia”.
“¿Que si el psiquiatra debe intervenir en estas peticiones? Claro, pero el papel del médico de Familia en estos casos también es fundamental”, concluye.
José de Teresa 253, Campestre Tlacopac, Álvaro Obregón, CP 01040, CDMX
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