Fuente: Diario Sur
Por: Alberto Gómez
Fecha: 5 de abril de 2019
El caso de Ángel Hernández, que grabó un vídeo donde aparece ayudando a morir a María José Carrasco, su mujer, como ella había solicitado después de treinta años padeciendo esclerosis múltiple, ha vuelto a situar la eutanasia en el centro del debate social y mediático. El médico malagueño Fernando Marín, presidente de la asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), reivindica el suicidio asistido como opción que debería legalizarse cuando el sufrimiento físico o psicológico sea «intolerable» y reclama a los partidos políticos que no reduzcan el debate «a un eslogan».
-¿No considera injusto que el debate sobre la eutanasia reaparezca de forma tan intermitente, siempre por algún caso en concreto?
-Así funciona la sociedad. Cuando surge un caso que pone cara y nombre al sufrimiento la gente se indigna y esa corriente llega a los políticos. Luego pasan página y a otra cosa. Parece que los problemas no afectan a las personas hasta que vemos ese dolor en las pantallas o los periódicos.
-Este último caso, con Ángel encarcelado, aunque fuera durante unas horas, ha generado una oleada de indignación.
-El protocolo policial, consistente en enviar brigadas a los domicilios, con monos blancos y maletines, sacando esposado a un señor que tiene 70 años y cuya mujer acaba de fallecer, después de haberla cuidado veinticuatro horas al día en los últimos diez años, es absurdo e injusto. No es el asesino de nadie, pero la policía no distingue. El propio Ángel reconoce que lo han tratado bien en comisaría, pero todo eso no debería haber sucedido. Habría bastado con que declarara ante el juez, porque ni iba a fugarse ni a esconder pruebas. Él mismo entregó el vídeo. No hay delito ni ocultación de pruebas.
-¿Cuántos casos de eutanasia se practican en España?
-No podemos saberlo. Es una práctica clandestina. Cada año, entre nuestros socios, que son sólo 7.000, repartimos 300 guías de muerte voluntaria. No todo el mundo le da uso, pero son personas interesadas en saber cómo disponer de sus vidas de una forma pacífica y con garantías. A nivel estatal se calcula que el uno por ciento de las personas en estado terminal, que en total son unas 420.000, se acogería a una ley de eutanasia. Partiríamos, entonces, de una cifra de 4.200 personas cada año, aunque podría aumentar hasta las 8.000, como en Bélgica, o hasta las 16.000, como en Holanda, donde el dato es del cuatro por ciento. Hablamos de miles de personas, en cualquier caso. Es una minoría, pero hay que atender sus necesidades.
-¿Qué le parece que intervengan cuestiones ideológicas y religiosas en el debate?
-Muchas veces nos llaman algunas cadenas de televisión para que participemos en debates con gente fundamentalista y nos negamos. No estamos en igualdad. La posición moral es distinta. Nosotros respetamos todas las opciones. La eutanasia no es obligatoria para nadie, sino una opción que debe escogerse en libertad. Una vez demostrado que no existen homicidios, que la pendiente deslizante (teoría conocida también como efecto dominó) es falsa y que no hay abusos, no hay argumentos de peso salvo que alguien quiera imponer sus creencias a los demás. Regular la eutanasia no impone nada a nadie, pero el Código Penal provoca que acabemos como Ángel si queremos ayudar a alguien: llegará la policía, nos tratarán como a un criminal, nos meterán en la cárcel y estaremos expuestos a la decisión de un juez que puede condenarnos.
-Hablemos de esa pendiente deslizante. Hay gente que considera que la legalización de la eutanasia puede derivar en un abuso de su práctica, con casos donde no sea necesaria.
-Es el argumento del miedo. Siempre tiene el mismo origen: un fundamentalismo sostenido por la jerarquía de la Iglesia. Pero eso no es admisible en una sociedad plural. Cuando se reguló el matrimonio igualitario, ese mismo argumento del miedo decía que el hecho de que se casaran dos hombres o dos mujeres suponía una amenaza para la familia. Y no ha pasado nada. También ocurrió con el aborto y el divorcio. Ante cada avance, ante la conquista de cada derecho civil, hay un sector de la sociedad que se opone porque quiere mantener unos valores que para ellos son esenciales. A nadie se le obliga a casarse con una persona de su mismo sexo, a divorciarse o a abortar. Y tampoco a morir. Perseguir lo diferente como si fuera un delito es absurdo. La posición de partidos de extrema derecha como Vox tiene tintes fascistas.
-¿Qué retos tiene pendiente España en materia de cuidados paliativos?
-Existe una cobertura del cincuenta por ciento de las personas que los necesitan. En principio se ocupa el médico de cabecera, pero debe haber equipos especializados. Y luego hay quienes manipulan el asunto diciendo que con cuidados paliativos no hay demandas de eutanasia. Eso es falso. María José, por ejemplo, recibía cuidados paliativos. Sus asistencia fue excelente, pero los cuidados paliativos van por un lado y las razones para morir voluntariamente van por otro.
-Supongo que esas razones no siempre están relacionadas con el dolor.
-Claro. Hay una falta de sentido de la propia vida. Piensan: «Ya no puedo vivir así». No es por el dolor, sino porque no hay una situación digna, y además no quieren seguir siendo dependientes. Esas son las razones fundamentales. Y, en cualquier caso, a quien solicitara eutanasia se le ofrecería una asistencia paliativa para ver qué aporta. Y una vez descartada esa opción, la persona tomaría su decisión en libertad.
-¿En qué consiste el método que propaga su asociación?
-Procede de libros editados en otros países, somo Australia, Suiza, Holanda o Luxemburgo. Para el suicido asistido se utiliza pentobarbital sódico, pero el problema en España es que lo tienes que hacer solo, en una situación de clandestinidad, sin la asistencia de un profesional. Hay que comprar el producto por Internet, a un tipo que no conoces, y enviar el dinero por mensajería. Esas condiciones no deberían darse en 2019, pero la gente, ante una necesidad y por la libertad de ejercer el derecho a morir libremente, se busca la vida como puede.
-Ahora que varios políticos se han pronunciado sobre el caso de Ángel y María José, ¿qué les diría? Porque no terminan de ponerse de acuerdo para presentar y aprobar una ley.
-Les diría que fueran serios y que profundizaran en el debate con datos reales de lo que está pasando en los lugares donde la eutanasia está permitida. Que conozcan realmente de qué están hablando y no lo reduzcan a un eslogan ni tengan miedo a los sectores más conservadores de sus partidos. Lo ideal sería que el PP se desprendiera de su mochila confesional. Ciudadanos debe mantener ese debate, porque resulta inconcebible que un partido que se denomina liberal no acepte la libertad del individuo para morir.
-¿Cuál es la situación de los países que han aprobado la eutanasia?
-En Estados Unidos hay ocho estados que han aprobado la ley de suicidio asistido, pero exclusivamente para enfermos de cáncer con esperanza de vida menor a seis meses. Ese planteamiento es muy reducido. Y además es individualista: el médico te da la receta y lo haces en casa. El modelo ideal, al que aspiramos, se parece al de Canadá, Bélgica, Holanda o Luxemburgo, donde el médico se hace cargo de la asistencia hasta el final, aunque seas tú quien se lo beba, como en el caso de María José. Luego está el caso de Suiza, donde el suicidio asistido no es un delito siempre que no haya motivos egoístas, sin poner más condiciones. Y recientemente el estado de Victoria ha aprobado una ley que entrará en vigor este año. También está el caso de Colombia, donde es legal constitucionalmente pero se ponen muchas pegas.
-¿En qué se basa la ley que reclaman desde la asociación?
-En la comprobación de que la persona toma su decisión en absoluta libertad. El sufrimiento intolerable puede tener origen físico, como en el caso del cáncer o de las insuficiencias renales o cardíacas, por ejemplo, u origen psicológico. La dependencia, que sobre todo se da en tetraplejias, también puede ser un motivo, como en el caso de Ramón Sampedro. Pero también se da en esclerosis múltiples como la de María José o en una ELA. Pero nos gustaría abordar los temas más difíciles: el sufrimiento psicológico por trastornos mentales graves y los menores de edad maduros, teniendo claro que en Holanda o Bélgica no murió ningún menor el año pasado. Sabemos que son excepciones, pero hay que atreverse con los casos más complicados. Sólo así daremos seguridad a las personas para que sepan que, en el caso de que su vida se vuelva insoportable, les ayudaremos a morir.
-¿Cómo se constata esa libertad? Parece complicado.
-No lo es. Se constata a través de entrevistas. La propuesta del PSOE establecía que se repitiera la entrevista a los quince días. A nosotros nos parece mucho tiempo. Los profesionales de la salud están acostumbrados a desgranar cuál es la voluntad del paciente, si es una expresión auténtica o responde a un momento de rabia, ira o cansancio. Esto no surge de la nada: se procesa poco a poco hasta que un día lo dices y luego ya no paras de repetirlo. Entonces el médico llega al convencimiento de que es una decisión seria. Ese médico debería avisar a otro que, sin conocer al paciente con anterioridad, certificase esa libertad. Y finalmente se autorizaría la muerte.
-Pero hay personas que desean su propia muerte, por dificultades o problemas psicológicos, y transcurrido un tiempo dejan de desearlo. ¿Cómo se actuaría en esos casos?
-En el proceso participarían varios psiquiatras responsables de autorizarlo o no. En Holanda y Bélgica una tercera parte de los casos se rechazan inicialmente. Ni siquiera se tramitan porque los médicos consideran que no cumplen los requisitos. Hablo con psiquiatras que me dicen que no autorizarán la eutanasia hasta que tengan recursos sociales: que intervengan terapeutas ocupacionales, la persona pueda estar tutelada, pasar un tiempo recuperándose. Y si todos esos intentos fracasan se autorizará. Hay que analizarlo caso por caso.
-Por concretar: si alguien atraviesa una depresión y desea la muerte…
-(Interrumpe). No se le apoyará. Eso no entraría.
-¿Hay algún caso que le haya impactado especialmente?
-Muchos. Conozco tetrapléjicos que quieren morir pero no quieren implicar a sus madres. Se hace difícil cuando ves a la gente sufrir. Viendo lo de Ángel, a ver quién se atreve. Las consecuencias de ayudar a alguien pueden ser muy complicadas: relevancia mediática, un proceso judicial… Es habitual que muchos de ellos decidan irse a Suiza a morir.
-Como antes se iba a Londres a abortar.
-Claro. Pero te cuesta doce o catorce mil euros, es un país extranjero, hablan otra lengua… Es penoso. No puede aceptarse como solución.
-¿Cree que saldrá adelante una ley en España para legalizar la eutanasia?
-Creemos que es posible. Parece que el PSOE, Ciudadanos y Podemos están por la labor.
-¿Son conscientes de que, en ese caso, se produciría una reacción de los poderes eclesiásticos y los sectores más conservadores?
-Los grupos de poder ya están jugando su papel. Habrá que explicárselo cien mil veces si hace falta: no se obliga a nadie a nada. Es una opción que para ti puede ser un pecado pero eso no significa que sea un delito.
-Y en el plano personal, si me lo permite, ¿de dónde viene su implicación en este tema?
-Trabajé con enfermos de sida cuando no existía el tratamiento antirretroviral, que le dio un vuelco a la enfermedad al cronificarla, y descubrí que mucha gente moría en su casa no porque quisiera, sino porque los echaban de los hospitales. Luego surgieron peticiones de gente que quería morir en casa y no tenía recursos… Es muy injusto que no puedan llegar al final.
José de Teresa 253, Campestre Tlacopac, Álvaro Obregón, CP 01040, CDMX
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