Por: Héctor Nebot García

Por el Derecho a Morir con Dignidad, A.C

Mucho se ha especulado sobre el origen del Covid-19: que si fue fabricado por grupos farmacéuticos para vender vacunas, si es un arma biológica; que si utiliza la tecnología G5 para su propagación, que si proviene de un platillo de la gastronomía china a base de murciélagos…

Lo único seguro es que el virus existe y ante su presencia debemos aplicar todos los métodos con los que contamos para reducir al máximo su propagación. Una de estas herramientas es el principio de precaución.

Originalmente, el principio de precaución fue concebido para prevenir daños en los ecosistemas y la salud por actividades humanas, sin embargo dicho principio puede aplicarse a la situación actual de crisis en salud: cuando una actividad se plantea como una amenaza para la salud humana o el medio ambiente, deben tomarse medidas precautorias aún cuando algunas relaciones de causa y efecto no se hayan establecido de manera científica en su totalidad[1].

En el caso concreto de la pandemia por Covid-19, el principio de precaución debe ser considerado desde dos vertientes: una, la obligación de la población de tomar la situación en serio adoptando las medidas correspondientes por extremas que puedan parecer; y dos, por lo que toca a las políticas públicas que debe adoptar, concretamente, el gobierno mexicano.

En lo referente al primer punto, resulta obligatoria la acción preventiva de la ciudadanía ya que existe una evidencia creíble de que está ocurriendo un daño, aún cuando la naturaleza exacta y la magnitud de dicho daño no sea comprendida totalmente[2]. Los miles de muertos e infectados alrededor de todo el planeta -sobre todo en países del primer mundo– demuestran claramente la gravedad de la situación.

Sin embargo, al día de hoy, primero de la Semana Santa, en todo México se observan hordas de vacacionistas en las carreteras, mismos que en muchos lugares son rechazados por la población local, la cual impide la entrada de forasteros a los centros turísticos precisamente ante la posibilidad de contagio.

La realidad mexicana es aplastante en muchos sentidos: precariedad laboral, sueldos bajos, contratos temporales y trabajos informales hacen que gran parte de la población se vea obligada a seguir saliendo a trabajar y convivir a pesar de que pueden adquirir y transmitir una grave enfermedad, pero lo anterior no justifica, por donde se vea, la conducta desafiante de aquellos que continúan socializando por gusto a pesar de la amenaza que se cierne sobre todos.

Por lo que toca a la vertiente de las políticas públicas, el Covid-19 ha evidenciado que los gobiernos mundiales se han establecido sobre artificiales zonas de confort desde las cuales proporcionan un bienestar ilusorio a la población. Sistemas en países como Alemania, Italia y Estados Unidos, ordinariamente considerados como lugares de bonanza, han demostrado ser incapaces de atender la emergencia con la valentía y dinamismo que siempre presumen en foros y protocolarias apariciones públicas.

Particularmente en el caso de México, el gobierno federal tiene la obligación de tomar medidas concretas, si bien tardías, necesarias en este momento en que la crisis está a punto de reflejar su verdadera dimensión:

– Dejar de diferenciar a la población: el contrato social obliga al Estado a proteger a todos por igual independientemente de nuestra condición social, opiniones, origen étnico y condición física; sexo, edad, y demás particularidades de cada individuo;

– Proporcionar datos fidedignos a fin de fomentar la participación informada de todos los posibles afectados: tenemos derecho a conocer toda la información disponible.

– Partir de la flexibilidad: no es posible atender la emergencia con una postura rígida que no permita a las instituciones y a los individuos adaptarse a la situación;

– Considerar seriamente que la actual crisis modificará radicalmente, en un futuro inmediato, el esquema político y económico del país, de modo que lo que se haga hoy determinará las bases del México que viene. La falta de acciones inmediatas, maduras y eficientes por parte del gobierno producirá en los ciudadanos una desconfianza imposible de superar;

– Finalmente, destinar urgentemente el presupuesto, insumos y capital humano necesarios para la atención de la crisis sanitaria a fin de privilegiar la salud pública por encima de todos los demás intereses.

El principio de precaución nace de la intuición y las políticas públicas emanan de la voluntad de las personas que integran los gobiernos; así, se requiere básicamente sentido común y auténtico compromiso político para el establecimiento de medidas gubernamentales adecuadas.

No conocemos la magnitud del daño que provocará el Covid-19, pero el Estado mexicano debe, sin dudar más, manejar adecuadamente esta crisis y aceptar con gratitud toda la ayuda internacional que generosamente nos proporcionan aquellos países que están superando, con fortaleza, la pandemia.

Y a cada uno de nosotros nos tocará elegir una de dos opciones: aceptar o cargar con el reconocimiento de nuestra propia vulnerabilidad.

[1] Declaración de Wingspread sobre el principio de precaución. Winsconsin, EU, enero de 1998.

[2] Riechmann, Jorge. El principio de precaución. Ed. Icaria. Barcelona 2002. p. 126.